El control social nació como un negocio en 1899

Una empresa fundada en Atlanta en 1899 acumulaba hacia los años sesenta expedientes sobre decenas de millones de personas: si bebían, si su matrimonio iba bien, con quién se les veía los domingos. La empresa sigue existiendo, cotiza en Nueva York y en 2017 protagonizó una filtración que afectó a 147 millones de personas.

Lo que encendió las alarmas del Congreso en 1970 no fue el contenido de las fichas, sino el anuncio de que iban a informatizarse. El abuso no cambió de naturaleza, cambió de velocidad. De ahí salió la primera ley de protección de datos del mundo, y de ahí sale el patrón que este episodio pone sobre la mesa: la ley correctora convirtió un abuso en un sector regulado, y el sector sobrevivió mejor que nunca.

Con esa plantilla miramos lo que se está montando ahora en Europa pieza a pieza: la cartera de identidad digital que los veintisiete Estados deben ofrecer antes de que acabe 2026, el escaneo de comunicaciones privadas que el Parlamento Europeo rechazó en marzo y reinstauró en julio, el tope de 10.000 euros al efectivo desde 2027 y el euro digital con piloto ese mismo año. Cada pieza tiene una justificación real. Ninguna se presentó como parte de un paquete, y el paquete nunca se votó.

Pasamos por el caso SCHUFA en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la Grecia del 27,5% de paro en 2013 y por lo que Max Weber y Tocqueville escribieron sobre el poder que administra con suavidad. Sin conspiraciones: las buenas intenciones no se heredan, la infraestructura sí.

¿Cuándo fue la última vez que pediste a un banco la copia de lo que tiene sobre ti? Ese derecho se ganó en 1970. Casi nadie lo usa.

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