Resolución contra financista de los Castaño revive caso del Parqueadero Padilla

En la u el Reporte Coronel, el parqueadero Daniel Buenos días, Buenos días Julio. Este es el Reporte Coronel, un documento de la fiscalía que ha pasado desapercibido. Revive el caso del partidero padilla central financiera del paramilitarismo y vuelve a traer el nombre del expresidente Álvaro Uribe en el contexto de las masacres de el Aro y la Granja. El documento conocido por el reporte está firmado por un fiscal especializado de la Dirección contra la violación de los derechos humanos. La fecha de la expedición explica en buena medida que no haya tenido la atención que merece. Fue expedida el pasado quince de diciembre, cuando arrancaban las festividades de Navidad. Se trata de la resolución de acusación contra Jacinto Alberto Toro Soto Alias Lucas por su pertenencia a los paramilitares y su presunta participación en la ejecución de la masacre de la Granja. Repasemos brevemente de qué se trató esta masacre de la Granja, que es un corregimiento del municipio de Ituango. El martes once de junio de mil novecientos noventa y seis, incursionaron aproximadamente treinta para militares, reunieron a la población, torturaron y asesinaron a varios pobladores frente a sus familias y a todo el pueblo, acusando a las víctimas de ser auxiliadores de la guerrilla. La masacre no sólo ocasionó esas muertes, sino el desplazamiento forzado de setecientos personas, cuyas tierras quedaron en manos de los paramilitares. Un tiempo después, el horror se repitió en el aro, donde otros diecisiete campesinos fueron asesinados y decenas de familias desplazadas. Pues bien, la financiación de estas y otras masacres salió de una central de pagos en Medellín de las llamadas autodefensas. Ese es el famoso parqueadero padilla. En mil novecientos noventa y ocho, hombres del Cerro de la Fiscalía, bajo el mando del hoy Ministro de Defensa, Iván Velázquez, allanaron un parqueadero de motos esperando encontrar la fábrica de uniformes camuflados de los paramilitares. En el segundo piso estaban dos mujeres y un hombre jacinto Alberto Soto Toro, conocido con el alias de Lucas. Ellos estaban destruyendo a toda carrera papeles disquets con información y evidencia del manejo financiero de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, también listados de contactos de los grupos paramilitares con miembros de las fuerzas armadas y políticos. Ustedes pueden ver el documento. En la página de au encontraron casi quinientos cuentas de banco y evidencias de cuarenta cero transacciones, así como un listado de empresas privadas que financiaban el paramilitarismo. El hombre que trataba de destruir afanosamente las pruebas, Jacinto Alberto Toro, era, de acuerdo con el documento, el comandante financiero de las llamadas autodefensas durante los años que quedó registrada en esa contabilidad, la contabilidad de esos grupos criminales. El gobernador de Antioquia era Álvaro Uribe. La resolución de acusación registra el testimonio del paramilitar Ebert Melosa, alias HH, que dice lo siguiente sobre Jacinto Alberto Toro, alias Lucas Pablo Comillas. Para el año de mil novecientos noventa y cinco manejaba todas las relaciones en Medellín. Él cargaba un vieper y decía que era el viper, que era el viper del gobernador y en ese momento era Álvaro Uribe. Alian Lucas era la persona que manejaba las relaciones con políticos, empresarios y fuerza pública cuando ellos querían montar un grupo. Él manejaba las finanzas de los Castaño en Medellín. El mismo testimonio asegura que en una cafetería cercana a la sede de la cuarta brigada del ejército, Alias Lucas se reunía con Pedro Juan Moreno Villa, Secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioq. La resolución de acusación contra Alian Lucas por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir ordena tímidamente compulsar copia contra todos los mencionados y enviar el documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con destino al proceso caso Masacresdituango contra Colombia. El expediente contra el señor ex Presidente Álvaro Uribe por las llamadas Masacres de Ituango fue trasladado desde la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía cuando él renunció a su calidad de senador para no seguir siendo procesado por la Corte Suprema. Ese expediente ha ganado polvo en el despacho de los fiscales defensores, Gabriel Ramón Jaimes, que lo tuvo primero, y Javier Cárdenas, que lo recibió después, sin que hayan, en efectos, una sola diligencia de investigación sobre el caso que, por ser humanidad, no prescribirá. Este fue el reporte Coronel de hoy. Muchas gracias,