Colombia puede quedarse sin pasaportes: Contraloría cuestiona contrato de emergencia

En la doble U. El reporte coronel doble reporte hoy el primero Daniel Buenos días julio. Este es el reporte con el primero Colombia puede quedarse sin pasapois. La Contraloría General de la República dice que es ilegal la declaración de urgencia manifiesta que usó el Ministerio de Relaciones Exteriores para contratar directamente con Thomas Gregan Sons cuando declaró de cierta la licitación. El reporte coronel conoció la resolución de dieciséis páginas firmada por José Ignacio Arango Bernal contra Lord Delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, resolución que ustedes pueden ver a partir de esta hora en la página de la doble U. Allí el máximo ente de control fiscal determina que el Ministerio de Relaciones Exteriores no podía declarar la urgencia manifiesta ni contratar directo. C nte la elaboración de los pasaportes, ya que la situación no era imprevisible. Fue creada por la propia cancillería, que fue la en desierta su propia licitación. Se vi que la cancillería tuvo posibilidad de usar las etapas previas de la licitación pública uno de dos mil veintitrés para corregir las condiciones que impidieron la pluridad de los oferentes, pero que dejó pasar el tiempo y sólo vino a darse cuenta del asunto en una etapa en la que ya no había nada que hacer. La resolución sualmente euro comilla. Ninguno de esos hechos pro proceso precontractual pueden estar enmarcados dentro de las figuras ferza mayor o el caso fortuito, por cuando administración en uso de sus facultades establecida, pues Julio le decía que la resolución de la contralorida dice textualmente nada menos que lo siguiente pauro comillas. Ninguno de esos hechos, es decir, los alegados para declarar la urgencia evidente. Ninguno de esos hechos propios del proceso precontractual pueden estar enmarcados dentro de las figuras de la fuerza mayor o el caso fortuito, por cuanto la administración, en uso de sus facultades y en virtud de las reglas establecidas en el pliego de condiciones, contaba con las etapas necesarias para evidenciar la vulneración a los principios de participación o libre concurrencia, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y el deber de selección objetiva. En la medida en que las respuestas a las observaciones realizadas por interesados en ofertar y participar del proceso debió establecer la presunta in observancia de dichos principios y, con ello corregir el rumbo del proceso para evitar un menoscabo de los derechos de participación y libre concurrencia de todo aquel le interesaban presentar ofertas sierra comillas. Lo que dice la contraloría es muy grave, ni más ni menos que la situación era previsible y la Cancillería usó un recurso extraordinario para tapar sus propias fallas tratando de vestir de urgencia manifiesta, lo que realmente era un resultado totalmente previsible de su propia actuación abro comillas. En este sentido, no puede predicarse que el referido auto de autoridad pública sea ajeno al factor volitivo de quien declara el estado de urgencia manifiesta, sino que, contrario a ello, el hecho correspondía a su absoluto dominio y decisión. Se reitera que, frente a posibles vulneraciones a garantías fundamentales ocurridas en el proceso de licitación, tales como la afectación del libre principio de concurrencia, selección objetiva y otros. La misma autoridad pública, es decir, la Cancillería, ostentaba no sólo la facultad, sino el deber de tomar las medidas correctivas. Sierra comillas. Por todo esto, la la contra Loria dice que no es cierto que fuera imprevisible ni irresistible lo que sucedió por cuanto el Ministerio de Relaciones Exteriores y su jefe, el Canciller, Álvaro Leiva, podían vislumbrar las falencias de la licitación y tuvieron la oportunidad de corregirlas a tiempo. También dice el documento que el Contralor General de la República le advirtió al Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, que el proceso de licitación debería ser corregido para prevenir a uro comillas la pérdida de recursos públicos con la implementación de medidas por parte de la entidad. Se insta al Fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que, en el ejercicio de la licitación pública referenciada, adopte todas las medidas necesarias y aplique los recursos legales que disponga a efectos de evitar que se materialice un posible detrimento patrimonial al Estado y se cumpla con el objeto de la contratación, que, en este caso obedece a una necesidad de alto impacto social cierro comillas. Esto lo había advertido el Contralor General desde agosto. Todo esto reitera que el Canciller Álvaro le Iba y el Secretario General de la Cancillería, José Antonio Salazar, en su calidad de representante legal del Fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores tuvieron la posibilidad de corregir el rumbo de la licitación que su propia administración abrió. Sin embargo, el Canciller esperó hasta una fase en la que era imposible devolver los efectos jurídicos de la evaluación para declarar de cierta la licitación. Así, expuso la continuidad del servicio y pretendió solucionarlo con una contratación directa e identificando como hecho imprevisible e irresistible lo que en realidad era resultado de su descuido en las fases precontractuales de la licitación. Las consecuencias de esta resolución, de la contraloría, sobre la cual procede aún un recurso de reposición, serían, por uno, dos o el establecimiento de la plena responsabilidad fiscal de altos funcionarios de la Cancillería y también la ilegalidad del contrato directo para la elaboración de los pasaportes, con lo cual la crisis empezaría a ser sentida por los ciudadanos. En todo esto, hay dos nombres que se repiten. El primero es el del Canciller Álvaro Leiva, que en todo ha querido alegar a favor su propia culpa sin asumir la responsabilidad de un proceso que estuvo dirigido por su administración de principio a fin donde no se ha explicado, por ejemplo, el interés de su hijo, Jorge Leiva, de su amigo Alex Bernott, para cuya esposa reabrió una misión diplomática en París, ni del ex fiscal Juan Carlos Losada, quien lo favoreció hace años con una preclusión de un proceso penal, y a quien nombró Director Jurídico de Asuntos Internacionales sin tener experiencia en Derecho internacional y después su delegado en el Comité de Conciliación, sin tener tan poco experiencia en contratación pública o conciliación. El segundo gran nombre que surge es el del Secretario General de la Cancillería, José Antonio Salazar, quien, como representante legal del Fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, abrió y dirigió la licitación que después anuló su jefe, Álvaro Leiva. El Secretario General José Antonio Salazar luego se declaró impedido y se retiró del Comité de Conciliación, que recomendó llegar a un acuerdo con el contratista la unión temporal, de la que hace parte Thomas Grecansons, para evitarle a los contribuyentes el riesgo de perder ciento diecisiete mil millones de pesos más, dos intereses que es lo que puede suceder ahora. El doctor José Antonio Salazar es la persona con la cual todos los periodistas quisiéramos hablar. Este debería ser el último reporte coronel del año. A esta hora les debería dar las gracias y decirles que nos volvemos a ver en enero, pero quizás a las diez de la mañana volvamos aquí para conversar con uno de los principales protagonistas, o quizás el principal protagonista de esta historia. Si eso es así, esta sería apenas la primera parte del reporte coronel de hoy. Muchas gracias,