Francia arde fuera de control, pero sus acreedores cobran puntualmente

440 detenidos en un solo día y 416 institutos afectados por las protestas. Esa misma semana, el Tesoro francés colocó casi 13.000 millones de euros en bonos con una demanda de hasta tres veces lo ofrecido. Las dos cosas pasan a la vez y en el mismo país, y la pregunta es cómo encajan.

La deuda pública francesa ha cerrado el segundo trimestre de 2026 en el 119% del PIB, 3,6 billones de euros, mientras el Banco de Francia prevé un crecimiento del 0,4% para este año. El primer ministro Sébastien Lecornu presenta un "esfuerzo" de 54.000 millones que, según sus propias cifras, sirve para que el déficit no se dispare, no para sanearlo. Y en la letra pequeña aparecen los que pagan: funcionarios, pensionistas y bajas por enfermedad.

Analizamos ocho años de conflictos que parecen distintos, de los chalecos amarillos de 2018 a la reforma de las pensiones, la revuelta de los agricultores y la caída de los gobiernos de Barnier y Bayrou. Repasamos también una paradoja del barómetro del CEVIPOF: solo el 17% de los franceses confía en su Gobierno, pero el 79% confía en sus hospitales y el 73% en su policía.

Viajamos a Versalles en 1787, cuando la monarquía más rica del continente no consiguió ponerse de acuerdo sobre quién debía pagar. Y miramos lo que Nepal, Marruecos e Irlanda han vivido en el último año, porque el mecanismo no es exclusivo de Francia.

Cuando un Estado deja de crecer y ya no puede prometer más, solo le queda decidir el orden en que paga. La cuestión es en qué lugar de esa cola estás tú.

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