¿Cuáles son los riesgos para la jornada electoral del 29 de octubre?

El día a día está lleno de noticias urgentes, ruido polémicas de afanas. Pero para la tranquilidad, el análisis y lo que nos gusta llamar periodismo de cocción lenta está mis preguntas, un programa de prisa media hecho posible por KFAM inspirando sonrisas. Estamos a pocos días de una nueva jornada electoral. En Colombia. Se han presentado ataques hibernéticos a más de treinta páginas del Gobierno y hay ciento trece municipios en riesgo extremo de violencia política. Cuáles son los riesgos para la próxima jornada electoral, Qué tanto se ha avanzado o retrocedido en las garantías electorales Para este capítulo Hablamos con la directora de la Misión de observación electoral, moy Alejandra Barrius, con el Director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, y con el ex Defensor del Pueblo, Alfonso Negretti, también con Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Precio soy Roberto Pombo. Bienvenidos al capítulo cincuenta y cinco de mis preguntas. Recientemente, un amigo me escribió desde un número nuevo para contarme que tuvo que cambiar su línea de celular de casi toda la vida porque, gracias a un mensaje que recibió por Whatsapp, le hackearon su cuenta y perdió su número. Sí, abrió un enlace que recibió de un contacto pidiéndole que le ayudara y al darle click su whatsapp se bloqueó y no pudo volver a acceder a él. Luego de enterarme de esta noticia, me asusté, quedé su gestionado y comencé a buscar información al respecto. Resulta que, así como ese virus es normal que circulen mensajes de texto de Whatsapp o correos electrónicos anunciando que es el ganador o ganadora de un millonario de premio o que su banco le acaba de aprobar una tarjeta de crédito o que está reportado en tata crédito. Por eso hay que estar alerta y tener cuidado. Casi siempre son correos maliciosos o fishing, como se les llama en la jerga tecnológica. Los expertos recomiendan no abrir estos correos o mensajes ni mucho menos, ingresar a los enlaces que ponen allí, porque se trata de un método en su plantación de identidad con el que los hackers quieren estafarlo o robarles sus datos. No es una cuestión aislada. Es mucho más normal de lo que parece. Ahora que gran parte de los colombianos tenemos acceso a Internet, los crímenes cibernéticos son masivos y todos estamos tan expuestos como a un robo en la calle, y yo sé que es pura casualidad. Pero por estos mismos días en que me obsesioné con mis ciber seguridad, fue que se registró la noticia de que más de treinta páginas web del sector público fueron atacadas. Se trataba de páginas del sector salud y de la rama judicial que por el ataque tuvieron toda la información comprometida y expuesta. El ciber ataque se hizo a la empresa de telecomunicaciones y f X Network que le presta sus servicios de infraestructura de nube privada para la operación de las soluciones ns tecnológicas a varias entidades del Estado. En ese momento temí más que con la historia de mi amigo que perdió su cuenta de Whatsapp pocos días después, asistía a un conversatorio en el que se preguntaban qué tan amenazada está la próxima jornada de elecciones del veintinueve de octubre. Recordé los ciber ataques a las instituciones y me asusté. Conservé el miedo para mí mismo, pero no pude evitar pensar en el peor escenario, uno en el que atacan a la plataforma web de la registraduría y que las elecciones locales se vean afectadas en esa charla. El mismo registrador nacional, Alexander Vega, aseguró que el sistema está brindado y al día siguiente se hizo un simulacro que puso a prueba la funcionalidad, la conectividad, la cobertura y la operatividad de la plataforma web que gestiona la información en todos los puestos de votación del país. Respiré más tranquilo, pero si mi temor por un posible sabotaje cibernético a las elecciones se dispersó las dudas por otros riesgos físicos y tangibles se hicieron más vivas. Yo sé que Colombia rara vez ha tenido unas elecciones en paz, que la guerra ha estado presente siempre que hemos tenido que salir a las urnas. Pero precisamente eso fue lo que me inquietó de nuevo. De acuerdo con la alerta temprana electoral cero treinta raya dos mil veintitrés emitida por la Defensoría del Pueblo de los mil ciento dos municipios del país. Ciento trece están en alerta máxima por hechos de violencia. En esa alerta, de hace poco más de un mes y medio, se revela que son dieciséis departamentos afectados, siendo Nariño norte de Santander y Chocó los más vulnerables, con diecisiete y dieciséis y quince municipios cada uno respectivamente. El documento también alertó que doscientos ochenta y seis municipios y están en alto riesgo, ciento ochenta y cuatro en medio y noventa y tres en bajo que sumado con los de riesgo extremo, serían seiscientos setenta y seis municipios advertidos en dos mil veintitrés, casi la mitad del total de municipios del país. No es poca, cosa muy pocos. Demoró el Presidente Gustavo Petro en responder a este informe y aseguró a través de su cuenta de Twitter, controvirtiendo los datos de la Defensoría a Oro Comillas. No hay trescientos municipios en riesgo en las elecciones. Hay diecisiete y ahí estaremos. Habrá elecciones en todo el territorio nacional. Heredamos una violencia innecesaria por hacer trizas la paz, pero la sociedad colombiana ha decidido la paz y lo logrará cierro Comillas. El Gobierno en cabeza del Comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha llegado a acuerdos de César Fuego con varios grupos armados, como el LN y recientemente con las disidencias de las FARC lideradas por Ibar Mordisco. Incluso este último grupo, a través de Andrea y a Vendaño, uno de los negociadores del Estado mayor central, prometieron varios gestos de buena voluntad, como no interferir en las elecciones locales del veintinueve de octubre, aunque muchas promesas de los grupos armados se quedan en eso en promesas en el módulo sobre las amenazas al proceso electoral que organizó el Festival de las Ideas de Villa de Leyva. El n el registrado dor Alexander Vega aseguró que se le ha pedido al Comisionado de Paz que explique cuáles son los compromisos de las organizaciones armadas del César Fuego con las elecciones de no entrometerse en el proceso electoral. Y me parece una pregunta válida. Sin alargarme en cifras de los últimos ataques y hechos de grupos armados ilegales en el país, quiero citar un par de datos para que haya contexto. La primera semana de septiembre, la Moeda advirtió que existe un alto riesgo para las elecciones regionales de octubre en los Montes de María debido a la crisis de seguridad que se vive por la presencia de grupos armados ilegales. Y el segundo dato es para que no pensemos que esto sólo ocurre en los sectores rurales de apartados. En los últimos seis meses han ocurrido treinta y cuatro hechos de violencia contra liderazgos políticos en Bogotá, un doscientos cuarenta por ciento más que en las elecciones locales de dos mil diecinueve. Esto convierte al dos mil veintitrés en el período de electoral más violento contra liderazgos sociales y comunitarios en la última década. Según el monitor del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, hay presencia tránsito o diferencia a los grupos armados ilegales como fuente de amenaza para las comunidades y las elecciones. Entre los grupos armados más relevantes están las autodefensas gaitanistas de Colombia a g C Grande Golfo, la Guerrilla del LLN, las disidencias de las FAR y los grupos de crimen organizado. Todos estos grupos se han expandido el cincuenta y seis por ciento en las regiones del país y diversificados sus fuentes de financiación ilegal. Quisiera no tener que decir esto, pero tenemos que esperar para ver si el compromiso de estos grupos con el cese al fuego y el proceso de paz es real. Podemos confiar en la palabra de los grupos armados de no entorpecer la jornada de elecciones del veintinueve de octubre. Le pregunto al ex Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret. Lamentablemente todavía no podemos lograr ese nivel de confianza. Yo soy un convencido de la paz y un convencido de la importante de dialogar con todos los actores armados, pero los hechos nos demuestran que ninguna de las principales estructuras armadas ilegales que hacen presencia en el país ha dejado de utilizar las armas, la fuerza y la intenidación como instrumentos para el relacionamiento con la población civil y las fuerzas armadas del Estado Esta situación es especialmente preocupante en territorios donde hay confrontación abierta entre estructuras ilegales, como lo es el departamento de Putumayo Cauca Chocó, la costa pacífica nariñense, el Bajo Cauta o el nororiente del país. Ahora bien, eso no significa que la jornada del veintinueve de octubre vaya a ser una jornada violenta, y yo aspiro que se mantenga la tendencia a las últimas lecciones, donde, salvo algunas excepciones, como lo puede ser la ocurrencia, ya sonadas provocadas por los resultados electorales que el día, lo estación transcurre en plena calve y tranquilidad. Mi preocupación es por el ántesis, por el después, por el nivel de intimidación, confinamiento o amenaza que puedan estar hoy experimentando algunas comunidades que seguramente no les van a permitir expresar sus preferencias en las urnas de forma espontánea y libre. El pasado veintiocho de septiembre, la MOE presentó los mapas y factores de riesgo electoral que muestran tres aspectos, los riesgos y afectaciones por violencia, un mapa indicativo de fraude electoral y otro que consolida a los dos y todos coinciden en trescientos municipios con algún nivel de riesgo. Es decir, la violencia no es el único riesgo que enfrenta un proceso electoral. El registrador señaló algo similar. Esta entidad encontró que están el riesgo de orden público, riesgo la desinformación, el de los ciberataques, de la compra de votos y el de la financiación ilícita. Pero antes de ver las otras amenazas, sigamos con las relacionadas al orden público. Por una parte, el registrador señaló que el riesgo de orden público tiene dos variables, el de no poder entrar las mesas de votación y el constreñimiento al a la el lector, es decir, obligar o intimidar a alguien para que vote por un candidato específico. El registrador explica muy bien esta última situación y es que, en muchos de esos municipios con alto riesgo, grupos armados dejan entrar las mesas de votación porque va a haber constreñimiento al elector. Es decir, estos grupos armados permitirán que se lleva a cabo la jornada, pero lo más probable es que intimide a la población para que vote por su candidato. También hay autoridades militares que han pedido mover ciertos puestos de votación. Hay varios municipios en los que partidos tradicionales no pudieron inscribir candidatos y solo a tres o cuatro partidos les permitieron inscribir candidatos en estas zonas. Oigamos un ejemplo claro de esto en la voz del mismo registrador nacional Alexander Vega. Durante el Festival de las Ideas, el recaute nareño me llamaron al registrador a decirle las far que tenía que mantener los puestos de vatación en el área rural y el Comandante le leen diciendo que hay que recogerlos. Por favor, es el candidato. O sea allá hay dos candidatos, por lo menos que le rinda cuentas de la fiscalía. Por qué el caso de rosas caucas reunieron a la gente en el área rural a decir que hay que votar por un candidato. Es decir, lo que yo veo es que las mesas van a entrar hoy. Ya estoy viendo algo. Las mesas no las van a dejar entrar? Y por qué nos van a dejar entrar las mesas? Porque va a haber constrañimiento al elector. Ya hay candidatos que le entregué al señor Fiscal General están patrocinados por las bacrinas. El Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, respondió en varios escenarios que el Gobierno no está evaluando la posibilidad de suspender elecciones en ninguna parte de Colombia. Las respuestas del Ministro Velasco a las denuncias han sido varias. En una ocasión le tiró una indirecta al registrador y dijo que no se le vuelvan a perder quinientos mil votos, haciendo referencia a los votos que el Pacto histórico recuperó en el escritorio en las elecciones legislativas de dos mil veintidós y luego en una entrevista en Caracol Radio. Aseguro que hay alcaldes constriñendo el voto en bas municipios para beneficiar a sus candidatos. También ha dicho que no piensan suspender elecciones en ningún municipio y es que la relación entre el Ministro del Interior y los alcaldes y gobernadores no ha sido fácil. De hecho, hace poco más de dos meses, la Federación Nacional de Departamentos, a través de un comunicado, le solicitó al Presidente Gustavo Petro un cambio en el Ministerio del Interior, luego de que el Ministro Velasco los tratara de hipócritas por solicitar atención ante los recientes hechos de violencia. Roberto Jaramillo, gobernador del departamento de Quindío y Presidente de la Federación Nacional de Departamentos, le dijo a cambio que Auro Comillas la experiencia de tres años de los gobernadores es un muy buen insumo para el Gobierno, Pero la comunicación no ha sido la ideal cierro comillas y es que la atención política que vive el Gobierno nacional no es solo con gobernadores y alcaldes, sino con otros líderes de organismos que vienen del Gobierno de Iván Duque, como es el caso del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, la Procuradora General Margarita Cabello y, claro el Fiscal General Francisco Barbosa. Estas peleas políticas entre actores tan importantes pueden representar un problema para solucionar un problema tan grave como los riesgos y amenazas a las elecciones que atraviesa el país. Todos estos datos y alertas por los riesgos para la jornada electoral del veintinueve de octubre son preocupantes, pero no es la primera vez que en Colombia se llevan a cabo unas elecciones en medio de la guerra. Para la directora de la moveda, Alejandra Barrios, todos los procesos electorales desde hace diecisiete años que existe esa organización están cruzados por dos niveles de riesgo, el riesgo de violencia y el otro riesgo es el de fraude. Pero de este último hablaremos más adelante. Alejandra Barrius agrega un comentario importante para tener contexto sobre la situación de violencia. El año pasado, en las elecciones presidenciales se hicieron elecciones en medio de dos paros armados, uno del Clanders Golfo y otro del LLL. Faltando veinte días para la primera vuelta de elecciones presidenciales. El Crander Golfo perpetró varios hechos dulentos en el país en el marco de un paro armado. Según datos de esta organización, del uno de marzo al trece de mayo de dos mil veintidós se reportaron setecientos cuarenta y siete acciones armadas, quinientos cuarenta y siete amedrantamientos y veintisiete eventos de desplazamiento, afectando a cinco mil ochocientos setenta y siete personas en trescientos setenta y cinco municipios. En concepto de Alejandra Barrius, el país tiene capacidad de institucional y conocimiento para hacer procesos electorales en contextos de violencia. Cuando empezó la MOE había mapiados alrededor de cuatrocientos setenta municipios en riesgo indicativos de fraude y de violencia. De acuerdo con los mapas y factores de riesgo electoral hechos por la MOE. En las elecciones presidenciales de dos mil veintidós, noventa y uno municipios estaban en riesgo por presencia del LLN y ciento veinticuatro municipios por presencia de disidencias de las FARK. Este documento también mostró or que seiscientos cincuenta municipios presentaban algún nivel de riesgo por desplazamiento forzado. Cincuenta y siete municipios estaban en riesgo extremo por desplazamiento masivo, setenta y dos municipios presentaban algún nivel de riesgo por violaciones de la libertad de prensa. Y tan sólo en el período preelectoral del trece de marzo de dos mil veintiuno al trece de enero dos mil veintidós se presentaron trescientos siete víctimas de amenazas, dos de secuestro, cuatro de desaparición, cincuenta y seis, setenta y ochenta y uno de asesinato. Los municipios en mayor nivel de riesgo pasaron de cincuenta y ocho en dos mil dieciocho a sesenta y ocho en dos mil veinte, y en total, los municipios en todos los riesgos pasaron de trescientos diez en el dos mil dieciocho a trescientos diecinueve en el dos mil veinti. Sin embargo, ni una mesa tuvo que ser móvida o cerrada por violencia de esas elecciones. Esperamos que este sea el caso este año que pasa. Entonces, si la situación de violencia continúa, se pueden aplazar r s scno o mover las mesas para Leandra Barrius. Cuando se habla de que un municipio está en riesgo, no es todo el municipio de que está en riesgo y es muy peligrosa la ruta de declarar que no haya elecciones porque no hay garantías. Pero escuchemos más claramente en su voz cuál es el inconveniente de levantar puestos de votación o que no vaya a haber elecciones. No es responsable a un mes y medio de elecciones señalar que no se van a hacer elecciones o que se van a levantar puestos de votación, porque nuestros riesgos son dinámicos no hacer elecciones. En principio, eso debería ser un no existe, porque les voy a explicar cómo funciona. Los alcaldes van y le dicen al señor Gobernador no tenemos condiciones. Y el Gobernador dice definitivamente yo no veo condiciones y habla con el Ministro y le dice que no hay condiciones. Y digamos que el Ministro dice si esto está muy difícil. Definidamente no hay condiciones. Muy bien qué hacemos con las elecciones a gobernación. No las hacemos Gobernador, porque faltan tres municipios. Son todos donde no hay condiciones. Van a cambiar esas condiciones de seguridad en esos municipios en dos meses. Ahí estamos en diciembre, que es cuando el señor Ministro le diría llama al registrado, le dice veamos no hay condiciones en dos municipios a plazas elecciones y registra va a decir ups cuáles dos municipios, todo el departamento, cómo es esto y entramos todos en crisis diciembre. Yo les vo acotar que va a pasar el primero de enero, porque no se van a poder hacerlas de gobernación. Entonces no cierras ni gobernación de Asamblea. El señor Presidente Petro nombra gobernadores encargados por su parte para el registrador nacional. Si hay desplazamiento ocho días antes de las elecciones, es necesario levantar los puestos de votación, porque los votantes quedarían en la cabecera y se queda el corregimiento sin votar. El código electoral permite a los gobernadores con la aprobación del gobierno nacional que, por situaciones de orden público, se aplacian hasta por treinta días y se hacen elecciones complementarias. Qué hacer entonces, en caso de que la violencia siga amenazando las elecciones de este año que traslado la pregunta a Alejandra Barrius, directora de la Misión de observación Electoral, Qué se requiere para avanzar en un proceso electoral que tenga garantías adecuadas en términos de transparencia, de seguridad para los diferentes candidatos y para la ciudadanía, una articulación muy fuerte entre las diferentes instituciones del Estado y, sobre todo, un diálogo permanente con los gobernadores y con los alcaldes de los municipios que se encuentran en algunos de los niveles de riesgo que requieren especial acompañamiento. Es importante recordar que ya se han venido adoptando una serie de medidas tendientes a brindar protección a aquellas candidaturas que están en mayor nivel de afectación o porque han recibido algún tipo de amenazas directas o porque se encuentran en estos municipios. Pero que también por parte de las autoridades, se han tomado medidas de mitivagación del riesgo. A medida que se vaya acercando el proceso electoral, se puede ir encontrando diferentes afectaciones al proceso electoral. Lo que sigue es hacer la evaluación de la seguridad de los diferentes puestos de votación que se puedan ver afectados y acompañado de este análisis, obviamente, la adopción de las medidas necesarias para evitar, en lo posible, como una decisión del Estado no disminuir los puestos de votación por hechos de orden público, sino brindar garantías para los votantes, los funcionarios de las autoridades electorales, la ciudadanía y las candidaturas. Otra amenaza para cualquier jornada electoral y que ha estado ahí desde hace mucho tiempo, es la corrupción en las campañas. Esto es ya casi un símbolo patrio. La compra de votos y la financiación individua de campañas, el tema el que ya le dedicamos un capítulo completo, son otra forma de poner en riesgo las elecciones. Alejandra Barrius puso un ejemplo muy claro, el caso de Barranquilla, municipio, que sale como riesgo extremo porque allí ha sido imposible poder hacer control efectivo de financiación de campañas políticas que pueden darse de tres formas economías ilegales que financian campañas en el territorio recursos de la contratación que se ponen al servicio de intereses políticos específicos y a través de recursos propios de los candidatos o donaciones que son imposible de identificar porque se hacen en efectivo. Eso puede verse reflejado en los reportes de gastos. En las campañas, por ejemplo, llevamos algo así como mes y medio de campaña y hay registrados doscientos cuarenta y seis candidatos a gobernaciones y hasta hace unas semanas solo once habían presentado informes de financiación de sus campañas. Según la directora del Amor, tampoco hay ni un solo dato del costo de recolección de firmas, que comenzó el veintinueve de octubre del año pasado, ni información de financiación de campañas de candidatos a las alcaldías de ciudades capitales y un dato extra para ver cómo esto es una amenaza para la transparencia de las elecciones en las ciudades capitales. Hay una relación directa entre la cantidad de dinero que usan las campañas políticas y la posibilidad de tener mayor votación para consejos de alcaldías. De hecho, la forma en la que está dispuesta a la información en el portal del Consejo Nacional Electoral cuentas claras para la consulta ciudadana sobre la financiación de campañas electorales, hace prácticamente imposible el monitoreo de la información que, en un tiempo real, deben entregarlos más de ciento veintiocho cero candidatos para la directora de la mode. La violencia electoral no nace sola cuando se ata la violencia, presencia y amenazas de grupos ilegales. También se abra de financiación ilegal de campañas políticas. Por eso es necesario el mejoramiento de las reglas de juego para disminuir y darle más legitimidad a los procesos electorales. Qué tan laxos son los requisitos y exigencias de información y transparencia de campañas que se piden en el país y qué hacer para solucionarlo. Le trasladó a la pregunta a Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. La exigencia legal más importante sobre transparencia en la financiación de campañas está en el artículo ciento nueve de la Constitución, que indica que los partidos, movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos. Existen otras normas que complementan este mandato constitucional. Sin embargo, el gran desafío está en la implementación de estas regulaciones. La principal instancia llamada que la ley se cumpla es el Consejo Nacional Electoral. No obstante, es una instancia que requiere mucha más capacidad interna y técnica para controlar e investigar y sancionar de manera ejemplar a quienes incumplan la norma. Sería muy importante complementar esa capacidad con una reforma que le dé mucha más independencia política al Consejo Nacional Electoral, pues hasta el momento es una instancia compuesta por personas designadas por los mismos partidos políticos. En complemento, también a lo anterior, los partidos deberían asumir mucha más responsabilidad ante la falta de transparencia sobre financiación de campañas como contrapeso el gran derecho que tienen de avalar candidaturas. Por último, es muy importante recordar la actuación de la Fiscalía para investigar y sancionar penalmente los casos de opacidad de campas que conduzcan a delitos electorales, como la financiación con fuentes prohibidas y de otras autoridades como la DIAN y la UIAF para controlar el riesgo de lavado de activos en las campañas. Otro riesgo electoral que se ha sumado en los últimos años a la lista que ya mencionamos es la desinformación. Pareciera que ya estamos acostumbrados a que candidatos y políticos hagan uso de noticias falsas para ganar simpatizantes. Sobre este tema, la registraduría presentó un estudio bastante interesante titulado percepción del electorado colombiano sobre los abusos informativos y tuvo hallazgos bastante interesantes que les voy a enumerar, o no Nueve de cada diez colombianos reconocen que al menos varias veces al mes se han encontrado con noticias falsas. Dos Las noticias falsas afectan a dos grupos estratégicos, personas socialmente vulnerables, es decir, de estratos socioeconómicos bajos y con menor educación, que no son capaces de identificar las noticias falsas y personas más acomodadas informadas, que, aunque son capaces de reconocer estas noticias falsas, son las personas que más las comparten porque no lo saben o porque lo descubren cuando ya las han compartido tres. La estructura de los medios está atomizada por la digitalización, es decir, los colombianos consumen distintos tipos de medios y se está produciendo una brecha generacional, la generación de Google hasta los cuarenta y cinco años, cuyo principal medio es Google, y las generaciones de la televisión mayores de cuarenta y cinco, Los jóvenes colombianos con nivel de estudios superiores consumen diarios en línea, mientras que los jóvenes no educados consumen Facebook. Las personas mayores educadas, además de televisión, consumen la radio y las personas mayores no educadas consumen cadenas de Whatsapp. Cuatro, a diferencia de otros asuntos, no miran al Estado para atajar los problemas de desinformación. En su lugar, miran a los medios y esperan de ellos una respuesta. Quinto, el cincuenta y cinco por ciento de los cien compuestados cree que los medios de comunicación son los principales responsables de prevenir la desinformación, y sólo el veintiuno por ciento cree que deben ser los propios ciudadanos. Un hallazgo preocupante de este documento es que sólo el cincuenta y ocho por ciento de los colombianos cincuestados respondieron correctamente cuando les preguntaron la fecha de las elecciones de octubrio cuál el agravante de que las zonas rurales son las que presentan un mayor porcentaje que no sabe o responde mal. Un sesenta y ocho coma dos por ciento deben ser los medios los encargados de velar por los problemas de desinformación y fet News. Le traslado a la pregunta a Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Precio. Hay que mirar también cuál puede ser la responsabilidad de los diferentes actores que hacen parte de esta cadena. No y ahí habría que mencionar por lo menos cinco actores relevantes que son la ciudadanía en general, los medios de comunicación, las plataformas digitales, los partidos políticos y el Estado. Y ahí hay que hacer unas distinciones importantes. La primera es que el Estado no puede tener un rol de vigilancia frente a que es la desinformación, porque eso puede abrir las puertas para que esto obedezca a decisiones, para controlar el contenido. Y para terminar, censurando con esa salvedad, hay que decir también que otros de los actores importantes, a quienes se les debe exigir una responsabilidad son precisamente los partidos políticos las figuras más relevantes, que también tienen un juego en esta discusión, porque muchas veces se ha confirmado o se ha comprobado que son quienes impulsan también cadenas y estrategias comunicativas de desinformación. Por otro lado, está la ciudadanía que también es importante aumentar la conciencia crítica sobre el rol que desempeñan. Y finalmente, está este grupo conformado por medios de comunicación y plataformas que son, en el caso de Colombia, quienes más han realizado acciones NS ten sa ns en combatir precisamente la desinformación. Muchos medios de comunicación tienen sus periodistas y sus proyectos de fact checking, de verificar cuando la información falsa o cuando no, y las plataformas, aunque también con muchas salvedades, pero también tienen mecanismos para combatirle. Finalmente, y como si no fuera poco, hay otro riesgo que es peor que los anteriores, que, si no se soluciona, afecta a un proceso electoral en sus cimientos. La falta de coordinación entre las instituciones que organizan un proceso electoral, como ya lo mencioné. Las resis políticas entre las propias entidades garantes del éxito de la elección, como el Gobierno nacional, el Ministerio público y la registraduría, hacen daño a la democracia. Más allá de la manidad frase que sugiere que estas elecciones locales van a medir la solidez de la coalición de gobierno, creo que lo que en realidad se va a medir es la capacidad de apartar los intereses políticos y los egos para tener una corsación efectiva y que nos garanticen a todos los colombianos una jornada electoral en paz. De paso, el Gobierno del Presidente Petro tendrá que garantizar por lo menos que estas elecciones sean tan claras y limpias como lo fueron las que lo eligieron a él soy Roberto Pombo, y este fue el capítulo cincuenta y cinco de mis preguntas nos vemos en el próximo capítulo a partir de este momento. Este capítulo de mis preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a Kafam, inspirando sonrisas en la dirección Roberto Pombo, asesor editorial, Daniel Sampero Espina investigación y entrevistas. Johnny Rodríguez, Producción de campo, Marcela Sarrazado postproducción de audio, Carlos Bernalda